La expansión del crimen organizado en Ecuador ha generado preocupaciones crecientes en distintos sectores de la economía. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la penetración de estas redes puede provocar distorsiones económicas, afectar la competencia y debilitar la estabilidad financiera. En este escenario, el sistema bancario aparece como una pieza clave para contener el flujo de recursos ilícitos.
Un sistema con trayectoria y reconocimiento
Según el Informe de Evaluación Mutua del Ecuador del GAFILAT de enero de 2023, los bancos muestran un alto nivel de comprensión de los riesgos y una mayor madurez en sus mecanismos de mitigación. Según Asobanca, esto se debe a que, desde la década de los noventa, los bancos aplican estándares y mejores prácticas internacionales orientadas a la detección, prevención y reporte de este delito.
Esa mayor exigencia histórica explica, en parte, por qué el sector bancario ha desarrollado capacidades más sofisticadas que otros segmentos del sistema financiero. Alan Sierra, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), señala que los bancos enfrentan “una exigencia superior en temas de lavado de activos”, lo que los obliga a invertir más en controles, tecnología y talento especializado. Desde una lógica estrictamente operativa —explica— esto hace que, desde la mirada delincuencial, el uso del sistema bancario resulte menos atractivo, sobre todo para mover volúmenes pequeños de dinero, frente a otros canales con controles menos robustos.
¿Por qué los controles no se ven?
Los casos que llegan a la opinión pública suelen generar una pregunta recurrente: si existen controles, ¿por qué se conocen después? La explicación, según Asobanca, es que los procesos antilavado son reservados por naturaleza. Los reportes que elaboran los bancos son confidenciales para no interferir en investigaciones en curso y porque las entidades financieras no tienen acceso a toda la información del sistema ni a las decisiones posteriores de las autoridades.
En la práctica, los bancos detectan alertas, pero no pueden hacer público el proceso ni anticipar resultados. Como explica Sonia Zurita, catedrática de la ESPAE de la ESPOL, incluso cuando una operación no incumple de forma explícita la normativa, puede generar señales internas de alerta. En esos casos, algunos bancos optan por desarrollar modelos propios de análisis, más allá de lo estrictamente exigido por la regulación, para identificar comportamientos transaccionales que “no calzan” con la lógica económica del cliente.
Qué hacen —y qué no— los bancos
Los bancos cumplen un rol acotado pero fundamental. Detectan operaciones inusuales mediante modelos técnicos y tecnológicos, analizan su coherencia económica, documentan cada caso y, cuando corresponde, reportan a la UAFE. No pueden congelar fondos, detener personas ni juzgar conductas: esa responsabilidad recae exclusivamente en las autoridades judiciales y de control del Estado.
Sierra subraya que el enfoque moderno de la banca apunta a ser cada vez más preventivo y menos reactivo. Es decir, no solo revisar transacciones pasadas, sino anticipar patrones de riesgo mediante modelaciones estadísticas y análisis de datos, de forma similar a como los bancos predicen la capacidad de pago de un crédito.
El volumen de reportes como señal de control
El funcionamiento del sistema se refleja en las cifras. Solo en 2025, los bancos privados enviaron más de 7.000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAFE (un crecimiento de más del 40% frente a 2024), un promedio de 20 diarios. En 2024, de los 7.675 ROS recibidos por la UAFE, más de 5.400 provinieron del sector bancario privado (en promedio 14 diarios). Para Asobanca, este volumen evidencia cumplimiento, rigurosidad y un compromiso permanente frente al riesgo de delitos financieros.
Del banco a la investigación penal
El proceso sigue un flujo técnico y normado: detección de alertas, análisis interno, evaluación por los comités de cumplimiento y envío del ROS a la UAFE dentro de los plazos legales. A partir de ese punto, los bancos ya no conocen el desenlace del caso. Sin embargo, según Asobanca, los procesos que luego derivan en investigaciones judiciales suelen originarse en reportes oportunos del sistema financiero.
Un rol activo más allá del cumplimiento
Además de cumplir con la normativa, el sistema bancario privado mantiene un rol proactivo. A través de Asobanca, participa en mesas de trabajo con organismos de control y organismos multilaterales para identificar nuevas tipologías delictivas y fortalecer las estrategias contra la corrupción y el lavado de activos.
Zurita añade un matiz relevante: el fortalecimiento de controles también explica por qué, en los últimos meses, se han ajustado exigencias para ciertas cooperativas de gran tamaño. Aunque jurídicamente no son bancos, algunas manejan volúmenes de captaciones equivalentes a los de una entidad bancaria, lo que justifica —desde una lógica de riesgo— estándares de supervisión más cercanos a los del sistema financiero tradicional.
En un contexto de criminalidad organizada creciente, la prevención de lavado de activos no se juega solo en los titulares, sino en procesos técnicos, silenciosos y continuos, donde la banca actúa como primera línea de detección, pero no como juez ni fiscal del sistema.