Un artículo que puede cambiarlo todo
Entre los artículos del proyecto de Ley de Integridad Pública que será votado este martes, 24 de junio, a las 15:00, hay uno que ha llamado la atención en el sector financiero. La propuesta establece que, tras un proceso de análisis técnico, algunas cooperativas de ahorro y crédito —por su tamaño, nivel de interconexión o riesgo sistémico— podrían ser obligadas a transformarse en sociedades anónimas bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
La justificación que plantea el texto es la necesidad de proteger los ahorros de los ciudadanos y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. De aprobarse la ley, el organismo encargado de esta evaluación sería una nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que unificaría las actuales Juntas de Política Monetaria y Política Financiera. La nueva entidad tendría 90 días para hacer el análisis.
Aunque esta nueva Junta aún no entra en funciones (ambas siguen operando por separado), lo central es que el debate regulatorio sobre las grandes cooperativas vuelve a cobrar fuerza.
Un debate antiguo, reactivado
La idea de que ciertas cooperativas grandes deberían convertirse en bancos no es nueva. Desde hace varios años, se ha planteado que algunas entidades —principalmente del segmento 1— operan con un nivel de sofisticación, volumen de activos y red de atención comparable a la de los bancos tradicionales, pero bajo una regulación menos estricta.
En ese contexto, la Junta de Política Financiera ya había emitido resoluciones que obligan a las cooperativas consideradas de importancia sistémica a fortalecer su capital, en línea con las exigencias a entidades más grandes del sistema financiero.
Las cooperativas ya han respondido: no somos bancos
Desde el sector cooperativo, la respuesta ha sido clara. Varias voces han advertido que una transformación hacia la figura de banco implicaría perder su esencia. Las cooperativas están estructuradas bajo principios de participación y beneficio mutuo, no de generación de utilidades para accionistas. Además, destacan su papel en la inclusión financiera, la cobertura territorial y el apoyo a sectores tradicionalmente desatendidos por la banca.
La postura del sector es que no deben ser tratadas igual que los bancos, porque cumplen una función distinta y socialmente más amplia. Forzar su transformación, argumentan, podría poner en riesgo ese modelo.
Un proyecto con cambios profundos
Aunque el foco principal del proyecto de Ley de Integridad Pública es reformar el sistema de contratación pública para evitar la corrupción, incluye también modificaciones relevantes en el ámbito monetario y financiero.
Además de la creación de una nueva junta regulatoria, se establece que el presidente de la República nombrará a su presidente. Este funcionario será el encargado de designar al nuevo gerente del Banco Central del Ecuador.